La Contraloría General de la República ha revelado que 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades financiadas con fondos estatales salieron del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. Este hallazgo, basado en el cruce de datos con la Policía de Investigaciones (PDI), sugiere un posible uso irregular de 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a usuarios de Fonasa y un 31% a Isapres.  
El informe destaca que 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 entradas o salidas del país durante sus periodos de reposo, y 51 funcionarios realizaron más de 31 viajes en ese mismo contexto. Además, se identificó un caso en el que un trabajador del área de la salud se otorgó una licencia médica a sí mismo y viajó durante el periodo de reposo.  
Las entidades con mayor cantidad de licencias médicas en estas circunstancias incluyen a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias), la Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719). Estas tres instituciones concentran aproximadamente el 12% del total de licencias cuestionadas.  
Geográficamente, las regiones con más registros de entradas y salidas durante licencias médicas son la Región Metropolitana (43,7%), Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%). El informe también señala que la mayoría de estos viajes ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre.  
Este informe ha generado preocupación respecto al control y la fiscalización del uso de licencias médicas en el sector público, así como sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para prevenir posibles abusos.
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