🔴 El Portal Maulino | El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lanzó duras críticas contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien acusó de estar “desesperada” por la situación política actual y por una eventual carrera presidencial.
Las declaraciones del jefe comunal, actualmente en prisión preventiva por el caso de presuntas irregularidades en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), surgieron durante una entrevista desde el recinto penitenciario donde permanece recluido. A pesar de su situación judicial, Jadue ha mantenido una activa participación en el debate político nacional, a través de comunicados y vocerías.
“Carolina Tohá está absolutamente desesperada. No tiene ninguna posibilidad de ganarle a la derecha. Ella lo sabe. El Gobierno lo sabe. Y por eso están buscando mecanismos para neutralizar a figuras como yo, que sí representan una amenaza real para ese sector”, afirmó Jadue.
El alcalde comunista también aseguró que hay un intento deliberado por parte del oficialismo para excluirlo del escenario político de cara a las próximas elecciones. “Lo que están haciendo conmigo es un montaje judicial. No es casualidad. Buscan anular cualquier alternativa que cuestione el modelo”, sostuvo.
Las palabras de Jadue se producen en un contexto en que comienzan a perfilarse nombres dentro del oficialismo para una eventual candidatura presidencial, y donde Tohá ha ganado protagonismo como figura clave del gabinete del presidente Gabriel Boric.
Desde el Ministerio del Interior, hasta ahora, no han respondido a las declaraciones del alcalde. Sin embargo, figuras del Socialismo Democrático han manifestado en ocasiones anteriores su rechazo a la “judicialización del debate político” y han defendido el rol de Tohá como parte de un gobierno que —afirman— ha sido claro en su lucha contra la corrupción.
Cabe señalar que Daniel Jadue enfrenta un complejo escenario judicial, tras ser formalizado por delitos como administración desleal, cohecho y fraude al fisco, en el marco de la fallida compra de insumos médicos durante la pandemia a través de Achifarp. Su defensa sostiene que se trata de una “persecución política”.
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